Manifiesto de los Historiadores

Los firmantes del presente documento, convocados por la Universidad Interamericana (UNICA) y preocupados por el desconocimiento de nuestra historia que se observa con alarmante frecuencia, tanto entre los estudiantes de nuestros planteles de enseñanza a todos los niveles como entre los diferentes estratos de la población, levantamos una voz de alerta, ofreciendo también algunas medidas encaminadas a enmendar esa situación.

Creemos, ante todo, que la pérdida de la memoria histórica por parte de una
comunidad cualquiera, constituye de por sí un síntoma de deterioro que amenaza su identidad y, eventualmente, su propia existencia. Pensamos, además, que en los casos en que esa comunidad ha logrado forjar y atesorar como cosa propia, todos y cada uno de los elementos que integran una nacionalidad: territorio, idioma y cultura, consiguiendo constituirse posteriormente en una nación-Estado, es cuando más necesario se hace la fiel reconstrucción, exaltación y preservación de su pasado histórico.

Desde el año 1494, cuando comenzaron a fundarse en nuestra isla las primeras ciudades europeas del Nuevo Mundo, hasta el año 1678, cuando con el Tratado de Nimega se reconoció la existencia de una posesión francesa en su costado occidental, todo el territorio insular y sus islas adyacentes pertenecían a la corona española y, no obstante el crimen de las devastaciones de 1605 y 1606, sobre su suelo ensangrentado y mutilado, logró sobrevivir y levantarse el primer pueblo criollo de toda Hispanoamérica.

Antes de que finalizara el siglo XVII, pero sobre todo después que la
expedición inglesa de 1655 fue derrotada frente a las murallas levantadas para defender a la ciudad que había sido por más de tres décadas la capital del Nuevo Mundo, quedó bautilizada la isla con el nombre de la invicta Santo
Domingo. De ahí surgió el gentilicio ‘dominicano’ que, andando el tiempo,
adoptarían el pueblo y la nacionalidad que en la parte española de la isla,
luego de enfrentar y vencer toda clase de invasiones, lograron proclamar su
propia nación y organizarse en un Estado independiente.

El pueblo dominicano, a pesar de ser uno de los pueblos de América más agredidos durante su vida colonial y en su etapa republicana, no registra un solo acontecimiento de su historia que lo presente como un pueblo agresor, ni mucho menos opresor o conquistador de otras naciones. Todo lo contrario, nuestro pueblo hasta en los momentos en que no ha gozado de plena libertad, ha hecho del suelo patrio un santuario para los luchadores por la libertad. José Martí dejó constancia expresa de esa realidad cuando, en carta de despedida a sus amigos dominicanos, expresó: “Yo acepto y aún diré que acato, como superior dispensación y como ley americana, la necesidad feliz de partir al amparo de Santo Domingo, para la guerra de libertad de Cuba”. Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances, próceres independentistas puertorriqueños, plantearon, siguiendo el pensamiento restaurador y de Gregorio Luperón, que Santo Domingo debía ser el camino a seguir para llegar a Cuba y Puerto Rico y que las tres Antillas debían confederarse para luchar unidas contra el yugo español y el americano.

Estamos firmemente convencidos de que la interpretación y reconstrucción del pasado por medio de una labor historiográfica realmente crítica, debe estar dirigida a reafirmar en los dominicanos de hoy aquellos valores de justicia y libertad que sirvieron de fundamento al pueblo dominicano de ayer, para conquistar su vida independiente. El conocimiento de la historia, por lo tanto, debe estar al servicio de la vida presente y debe ser el modelo para
mantenernos cohesionados en la vida futura. Si no somos capaces de apreciar y calibrar la trascendencia del pasado, no tendremos razones para conservar los derechos conquistados, porque en la medida en que se conoce, se exalta y se venera el proceso que nos ha conducido al ejercicio de la soberanía, se estimula el mantenimiento de lo que hemos logrado como nación. Somos el fruto del esfuerzo emprendido por otros que nos precedieron. Somos el resultado de una voluntad sostenida, dirigida a la defensa de nuestro territorio, de nuestro idioma, de nuestra cultura y de nuestras riquezas naturales, así como al derecho de gobernarnos sin injerencias de poderes extranjeros, ni maniobras de sectores obedientes a otras instancias de poder. La historiografía dominicana debe mostrarnos, tal como señala la historia, las hazañas y los esfuerzos de los buenos dominicanos de todos los tiempos por liberarse del tutelaje extranjero, venga de donde venga.

En estos momentos cruciales de la vida de nuestra nación, carencias de la
historiografía que pasaban inadvertidas cobran una importancia capital. En
primer lugar, por la existencia de movimientos extranacionales que intentan
socavar los fundamentos de nuestra identidad como nación libre, independiente y soberana, situación que exige una política de nacionalización de la enseñanza y de la vida dominicana en general. Y, en segundo lugar, por el establecimiento de un nuevo orden internacional y la presencia de algunas corrientes de pensamiento que propugnan por la reducción drástica de las facultades del Estado-nación y el desmantelamiento progresivo del aparato productivo que desde tiempo inmemorial ha servido de soporte a la economía dominicana. Frente a esa situación, corresponde a los historiadores la preservación de la memoria de lo que hemos sido y la comprensión del pasado en las circunstancias del presente. Por tales razones hacemos las recomendaciones siguientes:

1. Que se revisen cuidadosamente los textos con los que se imparte actualmente la enseñanza de nuestra historia a fin de que los mismos refuercen en los estudiantes la conciencia de su identidad como ciudadanos dominicanos y desarrollen el espíritu crítico que les permita valorar el sentimiento de independencia rechazando todas las formas de dominación extranjera.
2. Que se modifiquen los curricula de forma tal que la enseñanza de la historia
dominicana sea impartida en todos los niveles y cursos de la educación inicial, básica, media, universitaria y modalidad de adultos y técnico profesional.
3. Que la Secretaría de Estado de Educación desarrolle un programa de formación continua que permita mantener actualizados a todos los profesores de historia y geografía dominicanas.
4. Que las instituciones de Educación Superior refuercen la enseñanza de la
historia dominicana en sus respectivos planes académicos, a la vez que oferten los estudios de la historia a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, como un aporte a la formación de investigadores y profesores de historia.
5. Que la Academia Dominicana de la Historia organice un foro académico
permanente, dedicado al análisis de los temas históricos capitales de nuestra
historia, vinculándolos a los conocimientos geográficos correspondientes, con
la participación de las instituciones de educación superior y de organismos e
instituciones públicas y privadas vinculadas al quehacer histórico.
6. Que las instituciones públicas y privadas, encargadas de la investigación,
difusión y conservación del patrimonio histórico nacional, entre las cuales
pueden citarse la Academia Dominicana de la Historia, el Instituto Duartiano,
el Archivo General de la Nación, Centromidca, la Comisión Permanente de
Efemérides Patrias, los Museos de las Casas Reales y de Historia y Geografía, y la Academia de Ciencias (Comisión de Historia), reciban del Gobierno Dominicano el apoyo económico necesario para el cumplimiento de sus respectivas misiones.
7. Que las instituciones públicas y privadas, de manera especial los medios de comunicación social, fomenten el conocimiento, la veneración y el respeto por los símbolos que identifican nuestra patria: bandera, himno y escudo, así como la divulgación y exaltación de la vida y obra de los próceres de nuestras
gestas libertadoras.

En Santo Domingo, capital primada de América, República Dominicana, a los 24 días del mes de mayo del año 2001.

Francisco A. Henríquez Vásquez
Emilio Cordero Michel
Fernando Pérez Memén
Roberto Cassá
Marcio Veloz Maggiolo
José Chez Checo
Juan Daniel Balcácer
Vilma Benzo de Ferrer
José Luis Sáez, S.J.
Manuel A. García Arévalo
Mariano Lebrón Saviñón
Manuel Núñez
Mu-Kien Sang Ben
Euclides Gutiérrez Félix
Franklin J. Franklin Pichardo
Rubén Silié
Carmen Durán
Antonio Avelino
Rafael Kasse Acta
Eugenio Pérez Montás
Amadeo Julián
Héctor Luis Martínez
Tirso Mejía Ricart
Rafael Bello Peguero, Pbro.
Octavio Amiama Castro
Jaime de Js. Domínguez
Orlando Inoa
Angel Miolán
José Joaquín Pérez Saviñón
Jesús de la Rosa
Ismael Hernández Flores
Frank A. Roca F.
Juan Ventura
Ciriaco Landolfi
María Filomena González
Américo Moreta Castillo
Ramiro Matos González
César de Windt Lavandier
Pedro R. Vásquez
Enrique Patín Veloz
Raymundo González
Miguel Ramón Bona Rivera
Vetilio Alfau del Valle
Edwin Espinal
Antonio Lluberes, S.J.
Ramón A. Font Bernard
Juan Francisco Martínez Almánzar
Carlos A. Acosta Piña
Amaury Justo Duarte
Celsa Albert Batista

(Incluye otras firmas)

Santo Domingo, Rep. Dom. 02/06/2001